Si bien nuestro país aprobó su primera ley destinada a regular en forma orgánica las relaciones de consumo en 1999 -Ley 17.189 luego derogada por la Ley 17.250- la ilicitud de la publicidad engañosa no nace con la aprobación de dichas normas. En efecto, en la medida que la publicidad integra la etapa precontractual que precede la celebración de cualquier contrato y que la misma puede inducir a error a uno de los contratantes sobre las cualidades esenciales del objeto del negocio a celebrar, la misma no es más que una modalidad del dolo regulado en el Código Civil como vicio del consentimiento.